Las Tasas Judiciales y su destino…

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.

Así explicaba el preámbulo de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el motivo por el cual llevó en 2012, al exministro Alberto Ruiz Gallardón, a establecer las sonadas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

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La práctica del Pacto de Cuota Litis

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Imagen extraída de Internet

No es ninguna novedad la utilización del llamado Pacto de Cuota Litis como medio de pago de honorarios al abogado. Se trata de un pacto que surge en el seno de las relaciones entre abogados y clientes, conforme al cual ambos acuerdan el pago de un porcentaje del éxito económico que obtengan en juicio.

Es conocida la práctica de este pacto desde años atrás. Aunque este sistema de remuneración sea muy frecuente en Estados Unidos, en Europa su práctica ha sido admitida por los profesionales del sector jurídico pero de forma atenuada; es decir, se acuerda el pago de una cantidad fija y, a su vez, de una cantidad variable que dependerá del éxito final que se consiga en el litigio. No obstante, ante la urgente necesidad de captar clientes, los despachos de abogados se han visto “obligados” a tener que poner en marcha de nuevo este tipo de pactos. De este modo, podría hablarse de una cierta proliferación de la cuota litis en las relaciones entre abogados y clientes.

Este pacto ha surgido mucha controversia durante los ultimos años. Lo cierto es que la puesta en práctica de este pacto está expresamente prohibida por la normativa de la Unión Europea. Es el Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea, como norma uniforme cuya aplicación se pretende sobre cualquier Abogado que opere profesionalmente dentro del Espacio Economico Europea, el que establece la prohibición de estos pactos en su artículo 3.3, en los siguientes términos:

3.3. Pacto de Quota Litis.

     3.3.1. El Abogado no podrá fijar sus honorarios con arreglo a un pacto de quota litis.

     3.3.2. El pacto de cuota litis es un acuerdo celebrado entre el Abogado y su cliente antes de la terminación definitiva de un asunto en el que el cliente es parte, en virtud del cual el cliente se compromete a pagar al Abogado una parte del resultado del asunto, pudiendo ésta consistir en una suma de dinero o en cualquier otro tipo de beneficio, bien o valor.

     3.3.3. No se considerará pacto de cuota litis el convenio que prevea la determinación de los honorarios en función del valor del litigio encargado al Abogado, siempre que dicho valor se fije de conformidad con una tarifa oficial de honorarios o esté admitida por la autoridad competente de la que depende el Abogado.

Al respecto, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008; sentencia histórica que se atreve a derribar esta prohibición del pacto de cuota litis y declararla nula argumentándolo en la vulneración de las normas de la libre competencia. El fallo de este tribunal no solo implica que los Colegios de Abogados ya no pueden sancionar a los abogados que ejerciten su actividad en contra de esta prohibición deontológica, sino que además, da rienda suelta a la práctica de la cuota litis.

En tiempos de crisis, la competencia entre abogados por conseguir clientes se ha visto aumentada; así puede apreciarse en los numerosos anuncios en medios sociales y televisión que van proliferando poco a poco. Esta competencia entre abogados favorece al cliente, pues hay despachos que ofrecen honorarios más bajos poniendo en práctica la cuota litis. No obstante, bajo mi punto de vista, en algunos casos esta práctica puede implicar que el abogado asuma la posición de interesado en el pleito, pues la cuantía variable acordada entre el abogado y el cliente dependerá única y exclusivamente del éxito que se obtenga en sede judicial.

Actos resolutorios y actos de trámite. Impugnación de los actos de trámite cualificados.

El concepto de acto administrativo que suele acuñarse por la mayoría de los autores españoles refleja la concepción de la doctrina italiana, que define el acto administrativo como:

Cualquier declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio, realizada por un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa (ZANOBINI).

En términos generales, los aspectos característicos que debe reunir un acto administrativo puede decirse que son los siguientes:

  1. Ser una declaración de voluntad, conocimiento o juicio de una Administración Pública que derive de un acto de naturaleza jurídica y material.
  2. Ser emitido por la Administración Pública que corresponda. El Tribunal Constitucional ha excluido la denominada policía de estrados ejercida por los Jueces en los procesos judiciales.
  3. Debe ser dictado en ejercicio de una potestad administrativa (Principio de legalidad). Se excluye en este sentido la potestad reglamentaria (García de Enterría).
  4. Persigue satisfacer intereses públicos concretos, y por tanto, no tienen vigencia indefinida.

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La extraordinaria y urgente necesidad durante la crisis.

TCEl pasado 19 de febrero de 2015, el TC se pronunció estimando por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra dos artículos del RDL 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Parte del pronunciamiento del TC se basa en que considera que no se cumple el presupuesto habilitante, de “extraordinaria y urgente necesidad”, que impone el art. 86.1 de la CE al Gobierno para poder legislar por real decreto, motivo por el que declara nulos e inconstitucionales dichos preceptos.

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¿Qué son los bienes demaniales?

En la entrada de hoy abordaremos, siempre desde una perspectiva simple y de joven jurista, el tema de los bienes de las Administraciones Públicas.

Como ya sabemos, o sabremos tras leer estas líneas, las categorías más importantes que dividen los bienes de la Administración son el dominio público y el patrimonio privado; ambos con régimen jurídico propio. No obstante, aunque existen otras clasificaciones de los bienes de la Administración, nos centramos en ésta pues nos interesa hablar en este caso de los bienes de dominio público, o también conocidos como bienes demaniales.

Es importante apuntar que para que un bien sea considerado demanial debe, además de haber sido adquirido por la Administración Pública, encontrarse afecto al uso general o al servicio público, o habérsele atribuido dicha condición por Ley.

Los bienes públicos en general se encuentran regulados en la CE (art. 132) que atribuye la regulación de los regímenes jurídicos de estos bienes –bienes de dominio publico y bienes comunales– a la Ley. Igualmente, hace referencia a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y desafectacion; principios que comparten como características todos estos bienes. Por su parte, los bienes de dominio público aparecen levemente definidos en el apartado 2º de este artículo: Son bienes de dominio publico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona maritimo terrestre, las playas, el mar territorial y los bienes naturales de la zona económica y la plataforma continental. Sigue leyendo

¿Oposición o Impugnación a la Apelación?

Emitida la sentencia por el tribunal competente, las partes disponen de un plazo de 20 días, desde su notificación, para la interposición del recurso de apelación ante el órgano a quo (art. 458.1 LEC). En caso de que dicha resolución impugnada fuera apelable y el recurso se interpusiere en plazo, el Secretario Judicial dispondría de 3 días para tener por interpuesta dicho recurso.
Posteriormente éste dará traslado a la otra parte para que en el plazo de 10 días presente, ante el Tribunal que dictó dicha sentencia impugnada, escrito de oposición o, de impugnación en lo que la resolución apelada le resulte desfavorable.
Interpuesto el recurso de apelación, el Secretario Judicial dará traslado al apelado para que manifieste lo que crea conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación durante un plazo de 10 días.

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ALZADA versus REPOSICIÓN

Muchas son las veces que no recordamos la distinción entre la alzada y la reposición. Ambos son recursos en vía administrativa, lo que quiere decir que con ellos se recurrirán actos provenientes de la Administración, como son las resoluciones administrativas y los actos de trámite. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las disposiciones de carácter general, como los reglamentos, no son susceptibles de recurso en vía administrativa, sino que habrá que acudir directamente a la judicial.

Estos dos recursos se encuentran regulados en los artículos 107 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo común; más conocida como Ley 30/92. Cabe destacar al respecto que la propia ley indica que el error en la calificación del recurso no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Obviamente, es mejor no cometer equivocaciones.

Hay que tener en cuenta que, en ambos recursos, el silencio administrativo tendrá carácter negativo, y por tanto, producirá la desestimación del recurso una vez transcurrido el plazo para resolver sin haber recaído resolución alguna.

RECURSO DE ALZADA

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Caricaturas.

Ésta semana me ha costado sobremanera, quizás por el ajetreo de cosas, encontrar un tema sobre el que poder escribir mi post de ésta semana, no encontraba nada que realmente me llenara y me pudiera inspirar lo suficiente como para poder hacer mis tres o cuatro líneas semanales. Cuando ya pensé que me tocaba inventar algún tipo de excusa o historia de abducciones alienígenas, para poder justificar esa ausencia de musas, me di cuenta que cada noche (numerosas noches, todo hay que decirlo dado que ha necesitado una doble lectura) tenía entre mis manos un libro que estaba cambiando mi percepción de las cosas.

La Riqueza de las Naciones”, de Adam Smith (1776), supuso el nacimiento de la escuela clásica de la economía, crítica con el intervencionismo y partidaria de la libertad de mercado. Adam Smith no sólo es el padre de una ciencia económica, sino de una doctrina: el liberalismo económico. Segura estoy que muchos de los políticos a los que hoy se les llena la boca hablando de “liberalismo”, en su vida han dedicado minuto alguno para leerse ésta obra, pero en cambio sí saben que fue Adam Smith quien acuñó la metáfora de una “mano invisible”. Éstos se encargan de alardear de su liberalismo mientras se dedican a coartar nuestra libertad (refiriéndome a todos los aspectos de la misma), escudándose en argumentos bastante cuestionables.

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Más protección para los clientes de los abogados

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El pasado 15 de enero, se resolvió por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la consulta planteada por el Tribunal Supremo de Lituania en el marco contextual de un litigio judicial entre un abogado y su cliente.

Ambas partes había habían suscrito, en momentos temporales distintos, hasta tres contratos de prestación de servicios para la defensa de los intereses del cliente sin determinación del plazo, modo y cuantía de los honorarios resultantes. A efectos prácticos, no interesa indicar la materia de estos contrarios, pues de todas formas, son contratos por servicios jurídicos. Dado el desconocimiento del cliente acerca de todos los aspectos relacionados con los honorarios de su abogado, no abonó cantidad alguna; hecho que desencadenó este procedimiento judicial.

Con este asunto, el TJUE ha asentado jurisprudencia europea al considerar que la normativa comunitaria en materia de consumidores es aplicable a una relación contractual entre un abogado y su cliente cuando se cumplen dos requisitos: Sigue leyendo

¿Límites a la actuación de la Administración?

Con ocasión de la declaración en concurso de la mercantil Astilleros de Sevilla, S.A., en octubre de 2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca del privilegio que hasta este momento gozaba la Administración Pública para hacer efectivos los créditos que tenían pendientes durante la fase de concurso de una compañía. Este privilegio consistía en la garantía de ser el primero en cobrar, y además, el que más dinero recibiría como devuelto en caso de quiebra de la sociedad.

Tras la declaración en concurso de la entidad ASSA, el día 3 de febrero de 2012 se abrió la fase de liquidación, siendo finalmente aprobado el plan de liquidación propuesto por la administración concursal el día 15 de mayo de 2012. Este proceso se vio interrumpido cuando el 15 de julio de 2012, la Tesorería General de la Seguridad Social, acuerda el embargo de una serie de activos por valor de 1,7 millones de euros; cantidad que se correspondía con el importe de los créditos contra la masa devengados a favor de la Seguridad Social.

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