La práctica del Pacto de Cuota Litis

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Imagen extraída de Internet

No es ninguna novedad la utilización del llamado Pacto de Cuota Litis como medio de pago de honorarios al abogado. Se trata de un pacto que surge en el seno de las relaciones entre abogados y clientes, conforme al cual ambos acuerdan el pago de un porcentaje del éxito económico que obtengan en juicio.

Es conocida la práctica de este pacto desde años atrás. Aunque este sistema de remuneración sea muy frecuente en Estados Unidos, en Europa su práctica ha sido admitida por los profesionales del sector jurídico pero de forma atenuada; es decir, se acuerda el pago de una cantidad fija y, a su vez, de una cantidad variable que dependerá del éxito final que se consiga en el litigio. No obstante, ante la urgente necesidad de captar clientes, los despachos de abogados se han visto “obligados” a tener que poner en marcha de nuevo este tipo de pactos. De este modo, podría hablarse de una cierta proliferación de la cuota litis en las relaciones entre abogados y clientes.

Este pacto ha surgido mucha controversia durante los ultimos años. Lo cierto es que la puesta en práctica de este pacto está expresamente prohibida por la normativa de la Unión Europea. Es el Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea, como norma uniforme cuya aplicación se pretende sobre cualquier Abogado que opere profesionalmente dentro del Espacio Economico Europea, el que establece la prohibición de estos pactos en su artículo 3.3, en los siguientes términos:

3.3. Pacto de Quota Litis.

     3.3.1. El Abogado no podrá fijar sus honorarios con arreglo a un pacto de quota litis.

     3.3.2. El pacto de cuota litis es un acuerdo celebrado entre el Abogado y su cliente antes de la terminación definitiva de un asunto en el que el cliente es parte, en virtud del cual el cliente se compromete a pagar al Abogado una parte del resultado del asunto, pudiendo ésta consistir en una suma de dinero o en cualquier otro tipo de beneficio, bien o valor.

     3.3.3. No se considerará pacto de cuota litis el convenio que prevea la determinación de los honorarios en función del valor del litigio encargado al Abogado, siempre que dicho valor se fije de conformidad con una tarifa oficial de honorarios o esté admitida por la autoridad competente de la que depende el Abogado.

Al respecto, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008; sentencia histórica que se atreve a derribar esta prohibición del pacto de cuota litis y declararla nula argumentándolo en la vulneración de las normas de la libre competencia. El fallo de este tribunal no solo implica que los Colegios de Abogados ya no pueden sancionar a los abogados que ejerciten su actividad en contra de esta prohibición deontológica, sino que además, da rienda suelta a la práctica de la cuota litis.

En tiempos de crisis, la competencia entre abogados por conseguir clientes se ha visto aumentada; así puede apreciarse en los numerosos anuncios en medios sociales y televisión que van proliferando poco a poco. Esta competencia entre abogados favorece al cliente, pues hay despachos que ofrecen honorarios más bajos poniendo en práctica la cuota litis. No obstante, bajo mi punto de vista, en algunos casos esta práctica puede implicar que el abogado asuma la posición de interesado en el pleito, pues la cuantía variable acordada entre el abogado y el cliente dependerá única y exclusivamente del éxito que se obtenga en sede judicial.

Actos resolutorios y actos de trámite. Impugnación de los actos de trámite cualificados.

El concepto de acto administrativo que suele acuñarse por la mayoría de los autores españoles refleja la concepción de la doctrina italiana, que define el acto administrativo como:

Cualquier declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio, realizada por un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa (ZANOBINI).

En términos generales, los aspectos característicos que debe reunir un acto administrativo puede decirse que son los siguientes:

  1. Ser una declaración de voluntad, conocimiento o juicio de una Administración Pública que derive de un acto de naturaleza jurídica y material.
  2. Ser emitido por la Administración Pública que corresponda. El Tribunal Constitucional ha excluido la denominada policía de estrados ejercida por los Jueces en los procesos judiciales.
  3. Debe ser dictado en ejercicio de una potestad administrativa (Principio de legalidad). Se excluye en este sentido la potestad reglamentaria (García de Enterría).
  4. Persigue satisfacer intereses públicos concretos, y por tanto, no tienen vigencia indefinida.

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¿Qué son los bienes demaniales?

En la entrada de hoy abordaremos, siempre desde una perspectiva simple y de joven jurista, el tema de los bienes de las Administraciones Públicas.

Como ya sabemos, o sabremos tras leer estas líneas, las categorías más importantes que dividen los bienes de la Administración son el dominio público y el patrimonio privado; ambos con régimen jurídico propio. No obstante, aunque existen otras clasificaciones de los bienes de la Administración, nos centramos en ésta pues nos interesa hablar en este caso de los bienes de dominio público, o también conocidos como bienes demaniales.

Es importante apuntar que para que un bien sea considerado demanial debe, además de haber sido adquirido por la Administración Pública, encontrarse afecto al uso general o al servicio público, o habérsele atribuido dicha condición por Ley.

Los bienes públicos en general se encuentran regulados en la CE (art. 132) que atribuye la regulación de los regímenes jurídicos de estos bienes –bienes de dominio publico y bienes comunales– a la Ley. Igualmente, hace referencia a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y desafectacion; principios que comparten como características todos estos bienes. Por su parte, los bienes de dominio público aparecen levemente definidos en el apartado 2º de este artículo: Son bienes de dominio publico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona maritimo terrestre, las playas, el mar territorial y los bienes naturales de la zona económica y la plataforma continental. Sigue leyendo

ALZADA versus REPOSICIÓN

Muchas son las veces que no recordamos la distinción entre la alzada y la reposición. Ambos son recursos en vía administrativa, lo que quiere decir que con ellos se recurrirán actos provenientes de la Administración, como son las resoluciones administrativas y los actos de trámite. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las disposiciones de carácter general, como los reglamentos, no son susceptibles de recurso en vía administrativa, sino que habrá que acudir directamente a la judicial.

Estos dos recursos se encuentran regulados en los artículos 107 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo común; más conocida como Ley 30/92. Cabe destacar al respecto que la propia ley indica que el error en la calificación del recurso no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Obviamente, es mejor no cometer equivocaciones.

Hay que tener en cuenta que, en ambos recursos, el silencio administrativo tendrá carácter negativo, y por tanto, producirá la desestimación del recurso una vez transcurrido el plazo para resolver sin haber recaído resolución alguna.

RECURSO DE ALZADA

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Más protección para los clientes de los abogados

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El pasado 15 de enero, se resolvió por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la consulta planteada por el Tribunal Supremo de Lituania en el marco contextual de un litigio judicial entre un abogado y su cliente.

Ambas partes había habían suscrito, en momentos temporales distintos, hasta tres contratos de prestación de servicios para la defensa de los intereses del cliente sin determinación del plazo, modo y cuantía de los honorarios resultantes. A efectos prácticos, no interesa indicar la materia de estos contrarios, pues de todas formas, son contratos por servicios jurídicos. Dado el desconocimiento del cliente acerca de todos los aspectos relacionados con los honorarios de su abogado, no abonó cantidad alguna; hecho que desencadenó este procedimiento judicial.

Con este asunto, el TJUE ha asentado jurisprudencia europea al considerar que la normativa comunitaria en materia de consumidores es aplicable a una relación contractual entre un abogado y su cliente cuando se cumplen dos requisitos: Sigue leyendo

How to succeed as a lawyer – by Roland Boyd

Hace décadas, el abogado Roland Boyd escribió una carta a su hijo para explicarle cómo ser un buen abogado. Esta carta dio la vuelta al mundo y fue publicada en la revista legal Texas Bar Journal por los sabios consejos que en ella se plasmaron.

Probablemente, algunos de vosotros ya hayáis oído hablar de ella. No obstante, para los que no, aquí la tenéis (traducida al español + enlace a la versión original). Merece la pena que os detengáis 5 minutos para leerla y reflexionar.

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Acceso al Portal de la Transparencia

Hasta la aprobación de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, España era el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley específica que regulara el derecho de acceso a la información pública, pues éste se regulaba de forma incompleta y deficiente en normas como la Constitución Española o la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), entre otras.

Esta carencia de regulación unida a la crisis del sistema político, institucional y económico surgido como consecuencia de factores como la corrupción, la crisis de legitimación democrática y a debilidad gubernamental, han derivado en el nacimiento de la necesidad y exigencia real de regular esta materia.

El resultado de esto ha sido la aprobación de la ya aludida Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en vigor desde el 10 de dicho mes, que puede consultarse pinchando aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf

No obstante, el Portal de la Transparencia (http://transparencia.gob.es/) mediante el cual se facilita a los ciudadanos el acceso a la información ha comenzado a funcionar casi un año después de la aprobación de la ley, esto es, el mes pasado.

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El conocido descanso para el “bocadillo” y la Sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe toda discriminación relacionada

El pasado 21 de octubre, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó una sentencia cuanto menos curiosa, no por la forma sino por su contenido. Esta sentencia hace eco de una manifestación práctica de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo; concretamente, sobre el descanso de 30 minutos para el “bocadillo”.

Estas modificaciones influyen de manera obvia en el desarrollo de las relaciones laborales, pues varían las condiciones pactadas inicialmente en los contratos, en beneficio de alguna de las partes, siendo en la mayoría de las ocasiones promovidas por intereses únicamente empresariales.

Volviendo al tema que aquí nos ocupa, es preciso hacer referencia al artículo 34.4 del Estatuto de Trabajadores, que establece el derecho de los trabajadores a gozar de un período de descanso durante su jornada laboral, en los siguientes términos:

Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo.

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