Las Tasas Judiciales y su destino…

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.

Así explicaba el preámbulo de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el motivo por el cual llevó en 2012, al exministro Alberto Ruiz Gallardón, a establecer las sonadas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

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La extraordinaria y urgente necesidad durante la crisis.

TCEl pasado 19 de febrero de 2015, el TC se pronunció estimando por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra dos artículos del RDL 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Parte del pronunciamiento del TC se basa en que considera que no se cumple el presupuesto habilitante, de “extraordinaria y urgente necesidad”, que impone el art. 86.1 de la CE al Gobierno para poder legislar por real decreto, motivo por el que declara nulos e inconstitucionales dichos preceptos.

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¿Oposición o Impugnación a la Apelación?

Emitida la sentencia por el tribunal competente, las partes disponen de un plazo de 20 días, desde su notificación, para la interposición del recurso de apelación ante el órgano a quo (art. 458.1 LEC). En caso de que dicha resolución impugnada fuera apelable y el recurso se interpusiere en plazo, el Secretario Judicial dispondría de 3 días para tener por interpuesta dicho recurso.
Posteriormente éste dará traslado a la otra parte para que en el plazo de 10 días presente, ante el Tribunal que dictó dicha sentencia impugnada, escrito de oposición o, de impugnación en lo que la resolución apelada le resulte desfavorable.
Interpuesto el recurso de apelación, el Secretario Judicial dará traslado al apelado para que manifieste lo que crea conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación durante un plazo de 10 días.

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Caricaturas.

Ésta semana me ha costado sobremanera, quizás por el ajetreo de cosas, encontrar un tema sobre el que poder escribir mi post de ésta semana, no encontraba nada que realmente me llenara y me pudiera inspirar lo suficiente como para poder hacer mis tres o cuatro líneas semanales. Cuando ya pensé que me tocaba inventar algún tipo de excusa o historia de abducciones alienígenas, para poder justificar esa ausencia de musas, me di cuenta que cada noche (numerosas noches, todo hay que decirlo dado que ha necesitado una doble lectura) tenía entre mis manos un libro que estaba cambiando mi percepción de las cosas.

La Riqueza de las Naciones”, de Adam Smith (1776), supuso el nacimiento de la escuela clásica de la economía, crítica con el intervencionismo y partidaria de la libertad de mercado. Adam Smith no sólo es el padre de una ciencia económica, sino de una doctrina: el liberalismo económico. Segura estoy que muchos de los políticos a los que hoy se les llena la boca hablando de “liberalismo”, en su vida han dedicado minuto alguno para leerse ésta obra, pero en cambio sí saben que fue Adam Smith quien acuñó la metáfora de una “mano invisible”. Éstos se encargan de alardear de su liberalismo mientras se dedican a coartar nuestra libertad (refiriéndome a todos los aspectos de la misma), escudándose en argumentos bastante cuestionables.

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¿Límites a la actuación de la Administración?

Con ocasión de la declaración en concurso de la mercantil Astilleros de Sevilla, S.A., en octubre de 2012, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca del privilegio que hasta este momento gozaba la Administración Pública para hacer efectivos los créditos que tenían pendientes durante la fase de concurso de una compañía. Este privilegio consistía en la garantía de ser el primero en cobrar, y además, el que más dinero recibiría como devuelto en caso de quiebra de la sociedad.

Tras la declaración en concurso de la entidad ASSA, el día 3 de febrero de 2012 se abrió la fase de liquidación, siendo finalmente aprobado el plan de liquidación propuesto por la administración concursal el día 15 de mayo de 2012. Este proceso se vio interrumpido cuando el 15 de julio de 2012, la Tesorería General de la Seguridad Social, acuerda el embargo de una serie de activos por valor de 1,7 millones de euros; cantidad que se correspondía con el importe de los créditos contra la masa devengados a favor de la Seguridad Social.

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A propósito de la Igualdad…

En cuanto a la desigualdad, los seres humanos, reunimos determinadas características que nos identifican como seres humanos y no como otras especies animales o de seres vivos. A su vez, somos diferentes como seres humanos: tenemos caracteres físicos, psicológicos y morales diferentes, algunos de ellos provenientes de la misma naturaleza, otros condicionados por la estructura social en mayor o menor medida o por el entorno social, económico, religioso, histórico, temporal en el cual hayamos nacido y crecido. Pero estas diferencias no deben ser relevantes a los fines de justicia, salvo en aquellos aspectos que puedan beneficiarnos; porque la igualdad es uno de los criterios de justicia que rige nuestras relaciones sociales, que nos iguala a los seres humanos como categoría jurídica y que debe contemplar, respetar y tutelar nuestras diferencias.

La pobreza y la desigualdad están íntimamente relacionadas, desigualdad como creadora de pobreza es una causa de injusticia social, ya que evidentemente una estructura económica y jurídica que perpetúe la desigualdad va a estar creando y perpetuando la pobreza. En escenarios de pobreza las personas no pueden ser realmente libres.

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Sobre los Derechos Fundamentales

La situación actual de los derechos fundamentales debe ser entendida como el resultado de determinados procesos históricos, a la luz de los cuales los derechos adquieren sentido en cada época. El concepto de “derecho fundamental” es eminentemente histórico, el cual nace en determinados contextos y que evoluciona al ritmo y con las condiciones que caracterizan la evolución de los mismos. Como consecuencia de esto, las posibles reflexiones que sobre los mismos se pudieran llevar a cabo no pueden verse ajenas de las dimensiones morales, políticas y jurídicas, todas ellas estrechamente vinculadas.

El modelo político constitucional que conocemos, no es más que el fruto del devenir de los acontecimientos históricos, que con el paso de los años se han producido, y de las necesidades que ese devenir ha ido generando.

Es en el s. XVII cuando surge el llamado gran poder, el Capitalismo, el cual supuso la creación de un nuevo modelo de Estado y al que los autores alemanes llamaron Estado Social. En el s. XVIII se lleva a cabo la Revolución Industrial en Inglaterra, llevando consigo la aparición de los cinturones de pobreza, la principal característica de esta época es la absoluta carencia de reconocimiento de derecho laboral alguno a los trabajadores, y como resulta evidente, el poder industrial no conocía de límite.

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