Las Tasas Judiciales y su destino…

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.

Así explicaba el preámbulo de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el motivo por el cual llevó en 2012, al exministro Alberto Ruiz Gallardón, a establecer las sonadas tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

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