Lucha de Titanes.

Varias han sido las ocasiones en las que tanto el TS como el TC han dejado patente sus controversias con respecto a sus pronunciamientos. El primero surge con la STC 7/1994, en la que el TS consideró que el TC había entrado a conocer y modificar las conclusiones fácticas que habían quedado establecidas en instancia. Esto supuso incluso, que el propio TS solicitara mediante escrito, la mediación del Jefe del Estado y posteriormente dando traslado del mismo a las Cortes Generales y al mismísimo TC.

La segunda de las resoluciones que dio fruto al conflicto entre ambos tribunales, surgió con la STC 136/1999, por la cual el TC excarcelaba a veintitrés miembros de la mesa de HB, los cuales habían sido condenado previamente por un delito de colaboración con banda armada por el TS.
La tercera de las ocasiones tuvo lugar como consecuencia de la STC 186/2000, en la cual se anulaba la STS, en materia de cuantía por la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar. La declaración de vulneración también supuso conflicto, dado que el TS consideró que no había lugar para tal consideración, anulando posteriormente el TC la misma por considerar lo contrario. En este caso el TS consideró que la actuación del TC había sido negligente, dado que “invadió las funciones de la jurisdicción ordinaria de manera contraria, incluso, a las propias normas orgánicas que rigen dicho TC”; considerando que “la sentencia de TC, cuyos razonamientos son inaceptables, desconoce el concepto de instancia procesal e incurre en el error mayúsculo, inexcusable por su índole”.

Como punto de partida es necesario tener en cuenta que en nuestro modelo constitucional, la CE vincula a todos los poderes públicos, los cuales están todos obligados a aplicarla. La existencia de una justicia constitucional y una justicia ordinaria no supone que cada una deba aplicar cosas distintas, sino al revés, ambas jurisdicciones deben aplicar la Ley y la CE. Esto es, la interpretación que se haga de la CE como la interpretación constitucional de la Ley, son competencia de ambas jurisdicciones, es decir, el TC no es el único intérprete de la CE, aunque sí el máximo.
La propia STC 50/1984 estableció: “La distinción entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser establecida […], refiriendo la primera al plano de la constitucionalidad y la jurisdicción ordinaria al de la simple legalidad, pues la unidad del ordenamiento y la supremacía de la CE no toleran la consideración de ambos planos como si fueran mundos distintos e incomunicables. Ni la jurisdicción ordinaria puede […], olvidar la existencia de la CE, ni puede prescindir la jurisdicción constitucional del análisis crítico de la aplicación que la jurisdicción ordinaria hace de la Ley cuando tal análisis es necesario para determinar si se ha vulnerado o no alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas cuya salvaguardia le esté encomendada”.

Es la propia CE la que reconoce, en su art. 53.2, la supremacía del TC sobre el TS, en lo que a la tutela de derechos fundamentales se refiere mediante el recurso de amparo. A este artículo hay que añadirle lo que se establece en los arts. 43 y 44 de la propia LOTC, en la que le reconoce esa capacidad al TC mediante el recurso de amparo, e incluso señala que también será susceptibles del mismo cualquier acto u omisión de un órgano jurisdiccional (lo que incluye también al TS). Especial mención merece el art. 54 de la LOTC, en el cual viene a establecerse que el enjuiciamiento del TC respecto de recursos de amparo contra resoluciones judiciales, se limitará al estudio de la posible violación o vulneración de derechos y libertades fundamentales, absteniéndose de cualquier otro enjuiciamiento acerca de la actuación del órgano jurisdiccional. Es por lo tanto, el recurso de amparo el que convierte al TC en el último órgano, o última instancia, a la hora de reconocer o no la existencia de vulneración de un derecho o libertad fundamental.
Siguiendo con el hilo de lo anteriormente expuesto, cabe entonces distinguir entre una justicia constitucional, la cual es competencia tanto del TC como del TS pero con supremacía del TC, y una justicia ordinaria o no constitucional, la cual sólo sería competencia del TS, refrendado esto por el art. 54 de la LOTC al establecer la limitación del TC. Esto no es más que el desarrollo legislativo de lo que el constituyente estableció en el art. 123.1 de la CE: “El TS, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”.

Hasta aquí no parece que surjan mayores problemas, es en el art. 5.1 de la LOPJ en el cual se puede apreciar el germen de la controversia: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos”. Es a partir de este artículo donde se puede apreciar la vinculación, más bien, la necesaria y obligatoria vinculación que debe existir entre la CE y el OJ, y es ahí donde nacen los problemas, dado que los tribunales ordinarios aplican la Ley, la cual debe ser interpretada conforme a la CE, es decir, pese a aplicar la Ley, aplican la CE de manera indirecta. Conforme he expuesto anteriormente, la aplicación de la CE es competencia del TC como máximo intérprete de la misma y como último órgano de defensa de los derechos fundamentales, esto es en lo que se basa la justicia constitucional. Podemos apreciar entonces, como en esa vinculación de la CE con el resto del OJ, el TS como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, desempeña de una manera u otra la función de justicia constitucional.

Del art. 5.1 de la LOPJ se puede extraer la existencia de una interpretación de las leyes y reglamentos conforme a la CE, es decir, junto con la propia interpretación de la CE, existe una interpretación constitucional de las leyes y reglamentos, competencia del TC. Resulta más que evidente la vinculación entre los dos tipos de interpretaciones, es decir, si no se interpreta primero la CE resulta imposible interpretar el resto del ordenamiento jurídico conforme a ella.
Esta interpretación constitucional de la ley se hace por parte del TC a través tanto de los recursos directos de constitucionalidad (art. 161.1.a) CE), como de los recursos indirectos de constitucionalidad (art. 163 CE) y los recursos de amparo. Una vez planteada ante el TC la solicitud de interpretación constitucional de la ley, éste es el único capaz de anularla en el caso de que la interpretación que se haya dado sea absolutamente contraria a la CE, o en su defecto establecer cuál es la única interpretación posible viable con la CE.

Por lo tanto, se puede afirmar que el TC también tiene primacía en la interpretación constitucional de la Ley frente al TS, el cual seguirá gozando por su parte de la interpretación legal de la ley, pero en ningún caso de la constitucional, que será competencia del TC. Esta competencia del TS ha venido refrendada por varios pronunciamientos del propio TC, concretamente la STC 16/1981, de 18 mayo señala que no corresponde al TC “valorar la forma en que los órganos del Poder Judicial en general, y en particular, el TS, interpretan y aplican las leyes, en tanto que no se violen las garantías constitucionales”; así mismo, las SSTC 14/1982, de 21 de abril y 78/1984, de 9 de julio añaden que, el TC no controla la violación de la ley sino sólo de la CE al ser al ser interprete y guardián de la CE pero no del resto del ordenamiento jurídico.
Finalmente, a esto hay que incluirle, lo establecido en la STC 144/1988, de 12 de julio, que de tal forma que el amparo que se inste ante el TC “no puede modificar los hechos declarados probados por los Tribunales ordinarios […] corresponde […] al TS determinar cuál es la interpretación correcta de las normas jurídicas”.

Por lo que poco más hay que decir…

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