La extraordinaria y urgente necesidad durante la crisis.

TCEl pasado 19 de febrero de 2015, el TC se pronunció estimando por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra dos artículos del RDL 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Parte del pronunciamiento del TC se basa en que considera que no se cumple el presupuesto habilitante, de “extraordinaria y urgente necesidad”, que impone el art. 86.1 de la CE al Gobierno para poder legislar por real decreto, motivo por el que declara nulos e inconstitucionales dichos preceptos.

El TC declara que tras haber realizado una “valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional”, esto es, “los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación y en el propio expediente de elaboración de la misma”, el Pleno considera que “no ha quedado explicitada la situación de extraordinaria y urgente necesidad”. Estos presupuestos habilitantes han sido esenciales en el uso del decreto ley con el surgimiento de la crisis económica.

El porcentaje de utilización de los decretos-leyes antes del inicio de la crisis económica (por ejemplo, período comprendido entre 1990 y 2008) suponía un 24% de las normas con rango de ley que se aprobaban en el Estado. La situación da un giro de 180 grados a partir del inicio de la crisis económica, ya que desde 2008 hasta finales del 2012, el uso de esta figura normativa asciende a un 41%, de igual forma, a nivel estatal. Éste porcentaje va a suponer que casi más de la mitad de las normas con rango de ley que el legislador ha aprobado en nuestro país a nivel estatal, lo ha hecho sirviéndose de los decretos-leyes. La situación resulta más llamativa si analizados separadamente el año 2012, ya que nos encontraremos que se aprobaron 8 leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 29 decretos-leyes. Si llamativa resulta la situación a nivel Estatal, ni que decir tiene la situación que actualmente se vive a nivel autonómico tras las últimas modificaciones de los Estatutos de Autonomía, en los cuales se incluye la facultad del Gobierno Autonómico de poder dictar decretos-leyes.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar la preferencia en el uso del decreto-ley, como medio para afrontar la crisis económica que nos invade. Ante la peculiaridad de esta situación, se puede mantener que la respuesta normativa se articuló tanto desde la esfera del Gobierno, como a través de su potestad legislativa de urgencia. Si analizamos las materias sobre las que versan los distintos decretos-leyes promulgado durante estos últimos años, se observa cómo el Ejecutivo ha ido ganando espacio legislativo a las Cortes Generales, viendo éstas reducido su margen normativo a un segundo plano.

Esta situación ha invertido la norma constitucional sobre la cual se entiende que el papel legislativo principal reside en las Cortes Generales, en las que se deposita el poder legislativo, depositando de manera excepcional capacidad legislativa en el Ejecutivo. La norma excepcional se ha convertido en habitual.

Esto ha de considerarse extraordinariamente grave, dado que se está permitiendo, de manera considerable, el ejercicio de una potestad no atribuida al Gobierno, y bajo un procedimiento que no es ordinario, con el pretexto de su extraordinaria urgencia y la imposibilidad de sometimiento a los plazos legislativos ordinarios. Ante esta situación, resulta esencial el control de la legitimidad constitucional del decreto-ley, basado en el concepto de la concurrencia del presupuesto habilitante como principal premisa entre otras, como sucede en la STC anteriormente referenciada.

Por lo tanto, para que el decreto-ley sea admisible, es necesario que el Gobierno, durante la redacción del mismo, haga mención expresa de la justificación de su uso, así como de la concurrencia de los presupuestos habilitantes. Sólo tras la verificación de estos requisitos, que han sido establecidos doctrinalmente por el TC, podrá admitirse el uso de los decretos-leyes. Estos requisitos que ha ido estableciendo el TC a través de sus cuantiosos pronunciamientos, ha supuesto de manera indirecta un control de la constitucionalidad de los mismos, dado que si un decreto-ley no cumple con las premisas básicas que según el TC han de cumplir, no podrán ser considerados constitucionales, tal y como sucede en el pronunciamiento del TC de fecha 19 de febrero de 2015.

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