¿Qué son los bienes demaniales?

En la entrada de hoy abordaremos, siempre desde una perspectiva simple y de joven jurista, el tema de los bienes de las Administraciones Públicas.

Como ya sabemos, o sabremos tras leer estas líneas, las categorías más importantes que dividen los bienes de la Administración son el dominio público y el patrimonio privado; ambos con régimen jurídico propio. No obstante, aunque existen otras clasificaciones de los bienes de la Administración, nos centramos en ésta pues nos interesa hablar en este caso de los bienes de dominio público, o también conocidos como bienes demaniales.

Es importante apuntar que para que un bien sea considerado demanial debe, además de haber sido adquirido por la Administración Pública, encontrarse afecto al uso general o al servicio público, o habérsele atribuido dicha condición por Ley.

Los bienes públicos en general se encuentran regulados en la CE (art. 132) que atribuye la regulación de los regímenes jurídicos de estos bienes –bienes de dominio publico y bienes comunales– a la Ley. Igualmente, hace referencia a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y desafectacion; principios que comparten como características todos estos bienes. Por su parte, los bienes de dominio público aparecen levemente definidos en el apartado 2º de este artículo: Son bienes de dominio publico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona maritimo terrestre, las playas, el mar territorial y los bienes naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Normativa aplicable: A los bienes de dominio público se le aplicará lo dispuesto en las leyes especiales (por ejemplo, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico); y supletoriamente se acudirá a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Pública, así como a las normas generales de derecho administrativo y derecho privado.

Titularidad: En principio, el derecho de propiedad de estos bienes de dominio público pertenece a las Administraciones Públicas Territoriales (Estado, Comunidad Autónoma, Municipios). Sin embargo, tal y como algunos autores argumentan, el legislador ha optado por atribuir esta titularidad a Administraciones no territoriales (como las Universidades) siempre que así se reconozca mediante Ley.

Clasificación: Los bienes de dominio público suelen clasificarse en bienes demaniales por naturaleza y bienes demaniales por afectación o artificiales. Aquí es importante saber que la afectación (ya sea expresa, implícita o presunta) es la vinculación a una utilidad pública y que conlleva la integración del bien en el dominio público.

  • Por naturaleza: son los bienes declarados como tal por el art. 132 de la CE (playas, mar territorial, plataforma continental, etc.) y por leyes estatales (aguas subterráneas y territoriales, minas, etc.).
  • Por afectación: son los bienes que se encuentra sujetos al uso general público (calles, parques, carreteras) o al servicio público (hospitales, colegios, universidades).

Características: Ya se ha hecho referencia en párrafos anteriores a los principios en los que se basa la CE para definir el concepto de bien público. Para garantizar que los bienes demaniales pertenecerán siempre al dominio público, deberán tener las siguientes caracteristicas:

  • Inalienables: es decir, que excluya cualquier tipo de transmisión del bien al patrimonio de un particular.
  • Imprescriptibles: lo cual impide que, tras el paso del tiempo, no se llegue a consolidar ninguna situación a favor del patrimonio de un particular (no cabe la usucapión).
  • Inembargables: no permite embargo alguno sobre los bienes de dominio público.

Protección del Dominio Público: La Administración tiene encomendada como obligación la realización de un Inventario General de Bienes y Derechos, así como la inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad. Para llevar a cabo estas actuaciones, la Ley le atribuye una serie de facultades, que son:

  1. Potestad de investigación de bienes y derechos que puedan pertenecer al dominio público.
  2. Potestad de recuperación del bien que le hubiera sido arrebatado.
  3. Potestad de deslinde.
  4. Potestad de desahucio administrativo.
  5. Potestad de policía.
  6. Potestad sancionadora.

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